Desde nuestro Consejo realizamos una presentación a la presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, Dra. Victoria Villarruel, y a todos los presidentes de los distintos bloques legislativos, en relación con el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que tendrá tratamiento legislativo en los próximos días.
En concreto, manifestamos nuestra preocupación por lo establecido en el Título IV, Capítulo I (artículos 92 a 94), donde se propone la reducción del honorario mínimo de los peritos judiciales a 2 UMAS.
El perito judicial cumple un rol esencial e irremplazable dentro del sistema de administración de Justicia. No actúa como asesor de las partes, sino como auxiliar técnico del juez, aportando conocimiento especializado, objetivo e independiente. Cualquier afectación a su independencia económica impacta de manera directa en la transparencia y en la calidad del proceso judicial.
Asimismo, recordamos que el perito no percibe ingresos periódicos ni anticipos. Su retribución depende de la regulación judicial y, en la mayoría de los casos, se efectiviza recién con sentencia firme, luego de atravesar instancias de apelación e incluso prolongadas ejecuciones. Durante ese tiempo, el profesional debe sostener la estructura necesaria para su labor, incluyendo capacitación permanente, equipamiento, licencias de software, seguros y demás gastos operativos.
También destacamos que para ejercer esta función se requiere título universitario, matrícula vigente y una inscripción anual arancelada en los listados correspondientes, lo que implica asumir costos previos y el riesgo de no percibir honorarios durante largos períodos.
En la presentación advertimos que la reducción del honorario mínimo desconoce esta realidad y vulnera principios como el derecho al trabajo digno y a una retribución justa, además del carácter alimentario que la doctrina y la jurisprudencia reconocen a los honorarios profesionales.
Finalmente, solicitamos que se revise el artículo mencionado, manteniendo criterios razonables de remuneración que resguarden la dignidad profesional y garanticen la participación de especialistas idóneos, condición indispensable para asegurar un adecuado servicio de justicia a la ciudadanía.
Esta gestión se realiza en continuidad de las acciones que el Consejo viene llevando adelante en defensa de la profesión, recordando que oportunamente, durante la labor en comisiones legislativas, ya se había efectuado un planteo mediante la Nota N.º 25002333 del 19 de diciembre pasado.