El fin de los derechos de exportación a los servicios, un paso en el sentido correcto

El reciente anuncio del Ministerio de Economía acerca de que, a partir de enero de 2022, se dejará de aplicar derechos de exportación sobre los servicios es, sin dudas, un paso en el sentido correcto.

Para entender su importancia conviene ver el contexto: el cuarto trimestre de 2020 fue el décimo período consecutivo de caída en las exportaciones de los servicios basados en conocimiento. El valor exportado en 2020 fue de U$S5.650 millones, U$S400 millones menos que en 2019, lo que representa una caída del 6.5% anual. Este dato es muy preocupante, ya que se produce en un marco de crecimiento sostenido del comercio mundial, tendencia que nuestro país está desaprovechando. 

En 2020, la exportación de servicios basados en conocimiento alcanzó un récord histórico de participación, con el 11,15% del total mundial, lo cual implica un fuerte incremento de 0,8 puntos para un solo año.  Para sensibilizar este dato, países como Polonia aumentaron sus exportaciones en U$S2,5 mil millones de dólares solo el año pasado. 

Si la Argentina hubiera crecido al ritmo del promedio mundial en la segunda década de este siglo, el Banco Central habría ingresado 12 mil millones más de dólares, y se habrían creado cien mil puestos de trabajo que hoy “migraron” a otros países. Nuestras exportaciones anuales de servicios de conocimiento estarían próximas a 9 mil millones de dólares, 3 mil millones más que las registradas en 2020. Este es el “valor no creado” por la Argentina, que dimensiona el tamaño de la oportunidad perdida. 

Ningún otro segmento de la economía tiene la capacidad de transformación de la economía del conocimiento. Estas industrias traducen educación en empleo de alta calidad, empleo en exportaciones y exportaciones en ingreso neto de divisas. Además, son una fuente genuina de recaudación fiscal, de implantación federal y de alcance inclusivo, ya que ocupan más del 50% de empleo femenino en la mayoría de sus actividades.

El anuncio del fin de los derechos de exportación sobre los servicios es un paso positivo, que nos va a devolver un grado de competitividad tanto monetario como simbólico

Además, muchas industrias del conocimiento, como la informática y los servicios profesionales, crecen con muy baja inversión de capital. Su recurso clave es el talento humano, por lo que su desarrollo no está atado a una “lluvia de inversiones” como requieren otras industrias, como las energéticas, manufactureras o automovilísticas, ni necesitan la construcción previa de costosas infraestructuras, salvo las redes de conectividad. 

¿Dónde irán a trabajar los casi dos millones de estudiantes universitarios que tiene la Argentina si no lo hacen en las industrias del conocimiento? 

Las especialidades del conocimiento no solo ocupan programadores y expertos informáticos, sino ingenieros, físicos, matemáticos, biólogos, administradores de empresas, contadores, abogados, licenciados en administración y en recursos humanos, arquitectos y diseñadores, publicistas y todas las especialidades de la industria audiovisual. Pero no solo crean oportunidades para los universitarios egresados, ya que hay miles de puestos de trabajo que pueden alcanzarse con formación media, impartida en institutos y escuelas secundarias técnicas.

Para las cuentas fiscales de un país no hay mejor negocio que alentar industrias que crean empleo masivo, joven, de alto nivel salarial y exportable. El régimen de promoción de la industria del software es un buen ejemplo, que aportó un flujo constante y genuino de recaudación impositiva a los estados nacional y provinciales, sobre la base de más de 90 mil nuevos empleos creados en el sector. 

Para dimensionar este efecto cabe destacar que el régimen de promoción de la actual ley 27.506 de Economía del Conocimiento es superavitario para el fisco a partir de un crecimiento de solo el 30% de la población ocupada, cuando las estimaciones más prudentes proyectan que, con adecuada política pública, se podrían sumar 400 mil nuevos empleos. El principal socio del crecimiento de las industrias del conocimiento debería ser el propio fisco.

A pesar de estas evidencias contundentes, las industrias del conocimiento argentinas sufren la falta de condiciones competitivas que ofrecen otros países. En los últimos años hemos sufrido la enorme turbulencia del valor de nuestra moneda -recordemos que el dólar valía 18 pesos a fines de 2017-, y las condiciones siempre cambiantes del mercado de cambios, que por etapas fue libre y abierto, o limitado y controlado, y hoy presenta una brecha entre el tipo de cambio del dólar oficial y el libre de no menos del 40%.  

El marco normativo ha sido igualmente confuso, con una ley de Promoción votada en 2019 por unanimidad en el Congreso, pero reformada en 2020. Lo paradójico de esta reforma es que dispuso un tratamiento fiscal tal que, a mayor perfil exportador de la empresa, menor es el beneficio que otorga. Este formato es contradictorio con los propios fundamentos de la Ley que enuncian la intención de estimular el comercio con el mundo. 

En este marco, el anuncio del fin de los derechos de exportación sobre los servicios es un paso positivo, que nos va a devolver un grado de competitividad tanto monetario como simbólico. La Argentina tiene el triste mérito de ser el único país que aplica retenciones sobre las exportaciones que, supuestamente, dice querer promover. 

Aún queda mucho trabajo por hacer.  La confusión normativa, la inestabilidad macroeconómica y la volatilidad cambiaria han creado un ambiente tal que impulsa que muchas empresas diversifiquen su desarrollo fuera del país, y que muchos profesionales individualmente se fuguen hacia el mercado informal de trabajo, vendiendo sus servicios al exterior para cobrar dólares “libres” fuera de nuestras normas.

La Argentina necesita apostar por el conocimiento como recurso esencial de su desarrollo futuro

Esta situación interna contrasta con las tendencias globales. Hoy, los países luchan fuertemente por la atracción de las industrias del conocimiento. Sus ofertas de radicación de inversiones son el resultado de un intenso trabajo público-privado por proveer condiciones competitivas y sustentables para las empresas. 

Ya mencionamos el ejemplo de Polonia. Veamos otros: Costa Rica es un país pequeño, con 12% de población respecto de la Argentina, pero sus exportaciones de servicios basados en conocimiento llegan al 80% de las nuestras, y representan el 24% del total de su comercio internacional, cuando las nuestras suman algo menos que el 9%. Uruguay hoy exporta el 30% de la Argentina cuando hace diez años apenas alcanzaba al 12%; su desarrollo fue alimentado por muchas empresas “importadas de la Argentina”.

Sin embargo, cabe cuestionar: ¿Acaso un país con los graves problemas económicos y sociales de la Argentina, con más del 50% de sus jóvenes en situación de pobreza, puede distraer recursos fiscales en desarrollar las industrias del conocimiento? ¿Sería eso ético y justo? ¿No hay prioridades mayores que favorecer el crecimiento de estas industrias?

Convendría reformular la pregunta en un sentido inverso: ¿Acaso un país que tiene estos graves problemas y un potencial de generación de riqueza latente tan significativo puede darse el lujo de no hacerlo?

Dos países que hoy son modelos mundiales en economía del conocimiento son Israel y Corea del Sur. Ambos definieron el apoyo a las industrias de alta tecnología como el centro de sus estrategias nacionales de desarrollo en la década del 80, cuando atravesaban graves coyunturas económicas e, incluso, graves conflictos bélicos. El haber desarrollado intensamente esas fuentes de riqueza les permite hoy tener un PBI per cápita cuatro veces superior al nuestro y, lo que es aún más importante, una positiva perspectiva de desarrollo científico, económico y social para la próxima década.

La Argentina fue un país próspero y rico, que atrajo inmigración y creó trabajo para millones de personas cuando apostó por la educación pública a fines del siglo XIX. Hoy enfrenta la misma disyuntiva: necesita apostar por el conocimiento como recurso esencial de su desarrollo futuro. Es la opción más racional, inmediata y factible para los 45 millones de habitantes que vivimos bajo su bandera.