Expectativas por las iniciativas público-privadas en materia de integridad

Tanto el Premio Nobel de Economía, el Dr. Oliver Hart, quien elaboró el primer estudio teórico sobre Alianzas Público Privadas (PPP o Public-private partnership), así como también el Profesor Mancur Olson, quien desarrolló la teoría de Acción Colectiva, han contribuido considerablemente con sus ideas en el diseño e implementación de distintos marcos estratégicos para combatir la corrupción (o bien podemos nombrarlo por su opuesto que resulta notablemente más positivo: el fomento de la integridad).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde hace varios años, se ha venido aprovechando el ciclo de diálogos con la sociedad civil para la construcción de una iniciativa de acción colectiva entre los sectores público y privado.

Los participantes son empresas privadas, cámaras empresariales, organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales, asociaciones y colegios profesionales (como nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), así como también funcionarios del sector público de la Ciudad y de su Legislatura. Consensuando una hoja de ruta entre sus asistentes, la iniciativa definió cuatro grupos de trabajo que se focalizaron en los siguientes objetivos hacia la integridad:

- Normativa moderna y adecuada.
- Herramientas al alcance de todos.
- Buenas prácticas de cultura organizacional para la integridad.
- Incentivos para mejorar la integridad público-privada.

Con relación al primer grupo de actividades, los diálogos para la integridad (en particular, el conversatorio sobre experiencias legislativas en materia de integridad en las empresas estatales) constituyeron una caja de resonancia para que distintos sectores pudieran plantear sus expectativas a funcionarios del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, así como también a los integrantes  de la Legislatura porteña.

Dentro de las distintas regulaciones sancionadas y los proyectos en curso, podemos encontrar la reforma a la ley 104 de acceso a la información pública, el nuevo código electoral, la ley de obra pública y la reforma a la ley de ética pública en el año 2020. Hoy en día, la Ciudad cuenta con una ley de buena gobernanza para las empresas públicas y, al igual que en otras jurisdicciones subnacionales, se han impulsado otros proyectos, como la adhesión a la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (207-D-2018 / Comisión de Justicia) o bien a la ley de defensa de la competencia.

El segundo grupo de actividades se concentró en la constitución de dos canales clave de comunicación: un canal público de consulta de ciudadanos a la autoridad de aplicación (con efectos vinculantes) y un mecanismo de reporte de alto nivel, con protocolos específicos para la presentación de denuncias y comunicación de situaciones irregulares en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ambas propuestas se basaron en experiencias exitosas implementadas en otros países, e inclusive se ha sugerido complementarlas con otro tipo de actividades comunicacionales y formativas directamente con los ciudadanos (por ejemplo, los “clubes anticorrupción”, creados por el Dr. Edwar Hosea en Tanzania, con el propósito de capacitar a los vecinos en la prevención de la corrupción, entrenarlos para la realización de denuncias e informarlos sobre las herramientas y recursos a su disposición).

El tercer grupo de actividades contribuyó en la iniciativa con un conjunto de propuestas y entregables en materia de buenas prácticas organizacionales para el fomento de una cultura de integridad:

- Embajadores de ética en los organismos del Estado.
- Publicación de guías de integridad.
- Plataformas, herramientas y aplicaciones informáticas para el cumplimiento normativo.
- Capacitaciones, webinars y bases de datos por temática.
- Promulgación de una declaración de cumplimiento multisectorial.
- Adopción de un pacto de integridad entre las entidades adheridas.

El cuarto y último grupo de actividades se centró en la identificación de incentivos en materia de integridad a través de un proceso metódico, que partió con una lluvia de ideas intercambiadas entre los participantes, las que luego fueron calibradas, segmentadas y ponderadas según la complejidad de su implementación, la materialidad de su impacto y su viabilidad política.

Entre las distintas propuestas se halla la creación de un registro de empresas activas en Programas de Integridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el cual se inspira en experiencias internacionales ya realizadas en Brasil y Colombia), que podría generar sinergias con el actual Proyecto de Registro Nacional de empresas transparentes de la Oficina Anticorrupción (RITE), el cual cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Adicionalmente, se han identificado otros incentivos, como el otorgamiento de líneas de crédito blandas a empresas que cumplan con los requerimientos de los Programas de Integridad, reconocimientos y premios en materia de transparencia, así como también la creación de incentivos distritales, consistentes en la exención o diferimiento de impuestos y tasas en la Ciudad (como se aplican actualmente en materia tecnológica, artística, deportiva y audiovisual). 

Finalmente, es importante destacar que las conclusiones planteadas por esta iniciativa de integridad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron presentadas a fines de 2020 en un seminario internacional que contó con la presencia de los ministros de la Contraloría General de la Unión de Brasil y de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), así como también funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y directivos regionales de cumplimiento normativo de empresas multinacionales.

Tras las presentaciones plenarias de los panelistas, los asistentes al evento pasaron a mesas virtuales de trabajo, donde se procedió a conversar sobre las políticas públicas de integridad que puedan ser aplicables a la Ciudad. Nuevas ideas, estrategias y adherentes surgieron tras el seminario para fortalecer aún más la iniciativa y su natural optimismo hacia los cambios propuestos. Allí, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también estuvo presente.

Pablo Miranda

Contador Público y Director de Forensic Services en KPMG Argentina