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CPCECABA - FACPCE |
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La situación actual
con la FACPCE |
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La
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ha dado a
conocer un documento, en el que expone una crítica a la actitud del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atribuyéndole la
intención de no avanzar en el proceso de reincorporación a la FACPCE hasta que no se
resuelva el juicio que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Buenos Aires (COPBA) radicó en octubre de 2002 contra el COCABA. Cabe aclarar que la
demanda se inició ante un Juzgado provincial pero finalmente la Corte Suprema de Justicia
dispuso que era competente la Justicia Federal de la Capital por lo que recién fue
conocida al ser notificada el 24 de febrero de 2005.
En el documento de la FACPCE se señala que esta razón “no constituye una traba” para la reincorporación de nuestro Consejo a la
Federación, “porque aceptarlo
implicaría que dos asociados con diferencias no puedan pertenecer a la misma institución”, además de señalar que se trata de una cuestión no
incluida, “por ser ajena” a la Federación, en el Acuerdo de Voluntades que
oportunamente firmaron ambas instituciones en julio de 2004.
Desde esa posición se presenta que la resolución previa del litigio con el COPBA es un
argumento o excusa esgrimidos por nuestro Consejo para no avanzar en su reincorporación a
la Federación. Ese punto de vista, no tiene fundamento y, en consecuencia, deberá ser
aclarado de modo definitivo, pues la vocación de nuestro Consejo de unificar en una sola
organización todas las entidades profesionales está fuera de toda duda.
Tanto la FACPCE como nuestro Consejo, animados por un sano espíritu federalista, han
expresado que consideran valioso el acercamiento entre ambas instituciones. Por ello
resulta indispensable analizar con precisión la diferencia que existe entre el nuestro
Consejo y el de la Provincia de Buenos Aires, en torno a la aplicación de la ley N°
20.488 y leyes de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma y su posibilidad de
coordinación para cumplir sus funciones de legalizar documentos.
Cabe señalar que nuestro Consejo desea reingresar a la Federación como miembro pleno y
por ello mantiene las propuestas formuladas al COPBA pero si se logra el acuerdo que
proponemos, el mismo debería replicarse con uno similar con el resto de los consejos que
podrían estar involucrados en la misma cuestión y que pueden estar a la espera de una
resolución judicial del pleito. El criterio de base, tanto para resolver el tema judicial
como el necesario acuerdo con otros consejos, cabe estar expresado con claridad en el
amplio espíritu y letra del convenio aprobado por la Resolución 185/99 de la FACPCE.
Debe señalarse entonces que la cuestión planteada por el COPBA no es una mera diferencia
entre partes sobre sumas de dinero, aunque así lo haya presentado el Consejo provincial
accionante, pues concierne al meollo de la actividad legal de los consejos de
profesionales de Ciencias Económicas en todo el país. Implica, en consecuencia, al
conjunto de las instituciones hermanas, y su resolución se proyecta sobre lo que serán
las relaciones entre ellas en el futuro, por lo que deben extremarse los esfuerzos para
que el resultado sea equitativo y se alcance sobre una base de mutuo respeto y equilibrio.
Nuestro Consejo considera que, para encarar ese futuro en forma compartida, es necesario
lograr un acuerdo general previo entre todos los Consejos fuera de ese pleito, pues, una
vez que la justicia se haya expedido en el juicio existente, nuestro Consejo no podrá
apartarse de los términos de la sentencia y no será ya posible generar una negociación
amplia. Nuestro Consejo está absolutamente convencido de la legalidad de su posición, ya
que en todo momento actuó de acuerdo con las disposiciones de las Leyes N° 20.488 y N°
466 GCBA rigiendo entonces lo dispuesto por el art. 1071 del Código Civil.
El juicio del Consejo provincial contra nuestro Consejo se inicia una década después del
decreto 2293/92, durante la cual el COPBA legalizó documentos de otras jurisdicciones y
un mes antes de haber pedido la medida cautelar había resuelto que volvería al criterio
de no legalizar actos relacionados con entes domiciliados en otra jurisdicción, no
obstante lo cual consta que un año después seguía haciéndolo respecto a comitentes de
la Ciudad Autónoma.
Nuestro Consejo entiende que una de las soluciones posibles podría ser el cobro de
aranceles según el domicilio del ente desde ahora hacia delante, estimable como base
equitativa y práctica de solución definitiva del tema. Aplicar este criterio con efecto
retroactivo sería inadmisible porque estaríamos aceptando la violación de la ley,
habida cuenta de que nuestro Consejo se desempeñó siempre de acuerdo con las normas que
regían y rigen sus funciones legales. Es decir, nuestro Consejo actuó en el estricto
apego a la ley vigente en su jurisdicción. Su defensa en el juicio entablado por el COPBA
se basa precisamente en esa conducta mantenida en forma inalterable a lo largo del tiempo.
Esta posición se sustenta en un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben
cumplirse y su eventual modificación debe seguir los carriles institucionales
establecidos.
Por ello es que nuestro Consejo considera que el acuerdo general previo es la única vía
posible si queremos convivir en el seno de una sola organización fundada en la
solidaridad profesional y en el principio de unión nacional.
Si la Justicia Federal falla a favor de nuestro Consejo, se habrá consagrado el valioso
principio del respeto a la legalidad, pero, al mismo tiempo, limitará la posibilidad de
hacer acuerdos entre las instituciones representativas de los profesionales en Ciencias
Económicas de todo el país y, lo que aún es más grave, por tratarse de una cosa
juzgada, impediría definitivamente soluciones como las que han sido objeto de
conversaciones.
Por eso, las autoridades de nuestro consejo están haciendo renovados esfuerzos para
lograr un entendimiento, gestiones que incluyen a las autoridades de la FACPCE, pues, como
se ha dicho, no se trata de una cuestión ajena a la misma institución de segundo grado.
La Federación puede ayudar mucho en este tema. Si coincidimos en revitalizar el sentido y
la aplicabilidad de la Resolución 185/99 de la propia Federación, el papel de esta
institución de segundo grado se verá fortalecido, algo que todos deseamos.
Se ha avanzado en la matriz del acuerdo de reincorporación de nuestro Consejo a la
FACPCE, en relación a respecto de la participación del Consejo capitalino en la
dirección, sus aportes financieros, el régimen de mayorías necesarias para adoptar las
decisiones clave y la representatividad de las profesiones no contables. Se trata ahora de
allanar esa última dificultad de orden esencial, en la cual, preciso es decirlo, nuestro
Consejo no tomó la iniciativa rupturista puesto que fue a él a quien se le ha planteado
la demanda que hemos venido analizando como el principal obstáculo que hoy resta para
concretar el acuerdo que todos anhelamos.
La afirmación de la FACPCE en el documento mencionado que Consejo de la C.A.B.A. agregó
"una nueva cuestión no incluida" en el temario del Acuerdo de Voluntades
firmado entre ambas instituciones en julio de 2004 es equivocada y requiere aclaración.
La demanda judicial recién fue conocida el 24 de febrero de 2005 y contestada dentro del
plazo legal, por lo que todo indicaba que no sería llevada adelante, razón por la cual
no aparecía en el diálogo interprofesional como un obstáculo de fondo, tal como luego
se ha convertido.
No hay duda de que las profesiones de Ciencias Económicas son las mismas en todo el país
y las instituciones que las representan deben coincidir en su defensa y auspicio para que
puedan ser ejercidas en las mejores condiciones de calidad, preparación y observancia de
los criterios éticos. Creemos que el conjunto de los profesionales nucleados en los
consejos de todo el país comparten estos criterios, de modo que continuaremos haciendo lo
posible para alcanzar los acuerdos necesarios. Las profesiones de Ciencias Económicas
resultarán así fortalecidas y con ello se beneficiará la convivencia argentina sobre
bases claras y equitativas. |
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