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Publicado: 07/12/2004

Gacetilla
Lavado de Dinero
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alberto Rabinstein, aseguró que "nadie pretende que el profesional se transforme en un detective privado", en relación al rol de los profesionales de las ciencias económicas en el cumplimiento de la ley 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.

De esta manera, el funcionario puso de manifiesto su buena voluntad para consensuar junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) la norma profesional sobre la actuación del contador en relación con el lavado de activos de origen delictivo.

Señales Positivas

El compromiso de ambas partes quedó enmarcado en el comunicado de prensa emitido por el CPCECABA, cuyo encabezamiento indica que "hubo señales positivas por parte de la UIF para avanzar en forma conjunta en el análisis de la norma profesional a emitir, de manera tal que la misma tenga el consenso de las autoridades de la UIF".


El principio de acuerdo llegó después de una reunión entre autoridades de las entidades que nuclean a los contadores en todo el país y el titular de la UIF, Alberto Rabinstein, que se llevó a cabo en la sede del CPCECABA.


Los profesionales estuvieron representados por el presidente del CPCECABA, Dr. Humberto Gussoni y el titular de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Dr. Miguel Felicevich.


La coincidencia central fue "la necesidad de fijar una fecha prospectiva de vigencia de la norma que permita a los profesionales adecuar, en un tiempo razonable, sus políticas y procedimientos internos".


Además, en el período a definir, los profesionales podrán "desarrollar armónicamente sus programas de trabajo de auditorías y sindicaturas, de acuerdo a los análisis que se realicen".


Más allá de estas coincidencias, volcadas en el comunicado de prensa difundido por distintos medios nacionales, cada uno de los protagonistas brindó su punto de vista en una charla informativa que se realizó en la sede del CPCECABA.


El panel estuvo integrado por el presidente del CPCECABA, Humberto Gussoni; el titular de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Miguel Felicevich; el presidente de la UIF, Alberto Rabinstein; la directora de la UIF, Alicia López; el presidente de la Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos (FAPLA), Francisco D´Albora y el presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del CPCECF, Ignacio Casas Rúa.

El turno de Casas Rúa

El comienzo de las exposiciones estuvo a cargo de Casas Rúa, quien puso énfasis en la misión de los profesionales frente a eventuales situaciones sospechosas.


"En la resolución que estamos tratando de emitir ahora abordamos el alcance de nuestras responsabilidades, ya que si bien existen una cantidad de aspectos que son objetivos, hay otros que no lo son, y éste es un punto de discusión con la UIF", remarcó Casas Rúa.


Otro punto conflictivo, de acuerdo a la visión de Casas Rúa, "es la aplicación de las política de 'conozca a sus clientes' porque hay casos en los que sí es posible y muchos otros que son inversiones a nombre de fondos o estructuras jurídicas y no es fácil detectar quiénes se encuentran detrás de la inversión".


Casas Rúa también hizo hincapié en la "confusión que puede registrarse en referencia a lo que significa el deber de los profesionales de informar a la UIF y la cuestión penal en sí misma".

La opinión de D´Albora

La siguiente exposición recayó en el titular de FAPLA, Francisco D´Albora, quien a partir de su profesión de abogado aportó su visión jurídica sobre la cuestión.


"No tiene ningún sentido discutir estas normas, que son estándares de control globalizado", opinó D´Albora, quien añadió que por consiguiente "debemos plantearnos cómo trabajamos en el marco de los estándares internacionales de prevención y control, molestando lo menos posible a todos los asociados".


El abogado opinó que "vendría bien distinguir entre informar una operación sospechosa reportada por un sujeto obligado y lo que es la denuncia como acto promotor del proceso penal".


"El 95 por ciento de todas las operaciones sospechosas reportadas a todas las UIF del mundo son lícitas", afirmó D´Albora, y luego subrayó que "pretender discutir la facultad reglamentaria de la UIF no tiene ningún sentido".


En cuanto a las pautas fijadas por la UIF, opinó que le parecía "inconveniente permitir que el sujeto obligado se enfrente a la disyuntiva de un juicio de valor subjetivo".


"Cuando el legislador delegó esta facultad no señaló el límite preciso que significa la Constitución Nacional", concluyó D´Albora.

La postura de Rabinstein

Por su parte, el presidente de la UIF, Alberto Rabinstein, desarrolló una apretada síntesis de la función específica del organismo que conduce, acompañada por un despliegue de filminas que se comprometió a entregar a las autoridades del CPCECABA para su posterior difusión entre los profesionales.


Entre otros conceptos salientes, Rabinstein no sólo sostuvo que "nadie pretende que los profesionales se conviertan en detectives privados", sino que además recordó la existencia de un proyecto de ley para "incluir a los abogados en las condiciones de las reglamentaciones internacionales".


"La prevención es el primer paso y nosotros estamos abiertos a descubrir el mejor camino en procura de poder encontrar la solución de este flagelo", aseveró el presidente del organismo.

Felicevich, punzante

Posteriormente, la reflexión inicial de Miguel Felicevich, generó el primer murmullo de la jornada: "¿Cómo se aprueban y sancionan las leyes en la Argentina?", se preguntó, para luego recordar que "hay legisladores que aprobaron y luego derogaron algunas normas".


"En la Argentina ser honesto es peligroso. En un país donde existe un 50 por ciento de trabajo informal y un alto porcentaje de los empleados trabajan en negro, se nos pide a nosotros que denunciemos a nuestros clientes sin avisarles", indicó Felicevich.


El titular de la Federación admitió que "es un momento difícil para la profesión", y pidió "sensatez en la aplicación de la norma ya que estamos avanzando y vamos a llegar".

Gussoni, optimista

La conclusión final estuvo en manos del presidente del CPCECABA, Humberto Gussoni, que se mostró optimista respecto al trabajo que se está realizando juntamente con la UIF.


"En el futuro inmediato, el propósito central es realizar una tarea conjunta con la UIF para que el borrador preparado se convierta en un conjunto de procedimientos aceptados por todas las partes", concluyó Humberto Gussoni.

Un poco de historia

La ley 25.246, sancionada en el año 2000, creó la UIF, que es el organismo responsable de analizar y transmitir datos vinculados con el lavado de dinero.


Los profesionales de las ciencias económicas, de acuerdo al texto de la normativa, están obligados a informar a la UIF sobre cualquier hecho u operación sospechosa vinculada a presuntos lavados de dinero.


Las entidades que regulan la actividad de los profesionales han cuestionado el nuevo rol asignado a los contadores ya que, a partir de la sanción de la ley, se "alejan de sus estándares de trabajo" y deberían actuar como "investigadores de la UIF".

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