Narcotráfico sin estadísticas: necesitamos un cambio de rumbo

Estimar el tamaño de los mercados de las drogas a nivel global y local representa un gran desafío. Indudablemente es considerado el delito precedente al lavado de activos que mayores ganancias ilícitas genera a nivel mundial, con un impacto social/económico devastador.

Según las últimas estimaciones de la ONU, las ventas totales de droga a nivel minorista suman aproximadamente US$ 320.000 millones y, de este total, se calcula que las ganancias anuales en el comercio de las drogas en las Américas son un poco menos de la mitad del total global. Indudablemente, América del Norte ocupa un porcentaje dominante en el total del hemisferio.

A partir de la magnitud de estas estadísticas, sería muy oportuno estimar cuáles son los niveles de consumo y de mercado en nuestro país. Vemos conveniente empezar a estimar cuánto dinero se genera a partir del narcotráfico. Nunca debemos olvidar que el desplazamiento de este dinero a la economía formal tiende a potenciar negocios mafiosos, ya que es utilizado para corromper a funcionarios e instalar narcoestados dentro de los estados.

A pesar de que todos hacemos referencia a este flagelo, lo increíble es que hoy no contamos con cifras actualizadas sobre el consumo de drogas en nuestro país y, por ende, se hace muy difícil abordar esta problemática y estimar cuánto genera la comercialización de drogas ilícitas. Esto hace casi imposible estimar el lavado de activos provenientes del narcotráfico y hasta dimensionar cuál es el negocio de los narcos en nuestro país, es decir, el dinero que pretenden introducir a la economía formal.

El último estudio nacional de orden público, realizado por el Observatorio Argentino de Drogas – SEDRONAR en el segmento de población de 16 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, es el publicado en 2011, con información correspondiente al período 2005-2010. Cabe señalar que dicho estudio se efectuaba recurrentemente y que, hasta la fecha, el único estudio actualizado corresponde solo al segmento de población de edad escolar media publicado en diciembre de 2014. Es un informe parcial respecto de los que se realizaban con anterioridad.

Esta situación llama la atención más aún cuando las noticias sobre el narcotráfico en la Argentina en los últimos años se encuentran presentes en los titulares de los principales diarios, son protagonistas de las secciones de diversos programas de política/actualidad y conforman la agenda de distintos seminarios sobre prevención de lavado de activos. Es objetivo también que el número de causas judiciales se incrementó significativamente en las últimas dos décadas.

No caben dudas de que la Argentina es un país de consumo creciente de drogas, como marihuana, cocaína, paco, crack y éxtasis –en ese orden-, según cifras que surgen de los estudios publicados hasta 2011. Lo preocupante es que este crecimiento se ve acompañado por una alta percepción de facilidad de acceso y de oferta directa.

Sobre este aspecto, la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó recientemente un informe acerca del barómetro del narcotráfico y las adicciones en la Argentina, titulado “Aumento del tráfico de drogas en los barrios, problemas de adicciones severas en las familias y poblaciones de riesgo”.

Del mismo se desprende que, de una muestra de aproximadamente 5.700 casos analizados en una evolución entre 2010 y 2014, se pudo registrar que la venta de drogas en los barrios se incrementó en un promedio del orden del  50%, y ese guarismo es mayor en las zonas más marginales, degradando principalmente a los sectores sociales más vulnerables.

Asimismo, el estudio demuestra un gran avance en la degradación de los entornos familiares de los adictos, así como también de los ámbitos residenciales donde la población consumidora es más permeable.

Vale recordar que las últimas estimaciones disponibles de la SEDRONAR, que mencionábamos anteriormente, estimaban que la comercialización de marihuana alcanzaría un total de más de $ 310 millones al año, otros $ 350 millones producto de la cocaína y, por consumo de pasta base (paco), sería de aproximadamente 20 millones de pesos. Esto conforma un total estimado de 680 millones de pesos. Obviamente son cifras de hace varios años, con precios por dosis totalmente desactualizados (hoy podría ser más del triple) y con una comercialización creciente tal cual surge del estudio mencionado de la UCA.

 

Estas cifras más las tendencias crecientes relacionadas con el consumo y la venta de drogas nos plantean múltiples interrogantes y al menos ameritan la realización de un estudio profundo, integral y actualizado, a partir del cual deberíamos al menos pensar en cuál debe ser el rumbo de la política del Estado ante este flagelo. Cuanto más nos demoremos, mayor será el riesgo y más difícil será erradicar este problema.
¿Cómo impacta esta realidad en el ámbito diario del  profesional en Ciencias Económicas y qué recaudos hay que tomar en el momento de planificar sus tareas? En primer lugar, resulta clave la capacitación y la actualización constante en materia de prevención de activos para poder aplicar y cumplir en forma eficiente con la normativa vigente que estableció la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de la reglamentación de la Ley N° 26.683.

En segundo lugar, uno de los factores que el profesional debe priorizar a la hora de planificar las tareas es el conocimiento integral del cliente. Aceptar un cliente implica conocer la idoneidad de los dueños y del management, conocer la industria en la cual opera y el tipo de transacciones que efectúa. Es fundamental para la tranquilidad del profesional contar con información confiable y suficiente que lo alerte en forma oportuna de hechos o situaciones inusuales para la toma de decisiones.

Desde el Consejo Profesional, debemos no solo promover capacitaciones y foros de discusión acerca de la problemática del lavado del dinero, sino también plantear este tema más allá del punto de vista estrictamente profesional. Nos debemos un planteo como sociedad y no solamente como un sujeto alcanzado para cumplir con las normas de la UIF. Es muy común observar a profesionales que no reúnen los requisitos para ser sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas que no se involucran o están ajenos a estos temas.
Desde lo nacional, debemos pensar en lograr un cambio de rumbo urgente respecto de esta problemática. Necesitamos una mayor coordinación de políticas nacionales y diagnósticos reales, basados en estadísticas actualizadas para la toma de decisiones.

La reducción de la informalidad económica, la eficiencia de la justicia penal, el control eficiente de las fronteras, una mayor transparencia y disminución de la corrupción, mecanismos efectivos de decomiso y confiscación de bienes, y el monitoreo permanente de los sectores más vulnerables de la sociedad son algunas de las acciones necesarias para encontrar el rumbo. Desde ya que el desafío es muy grande, pero con convicción y determinación política es posible.  Sólo hay que pensar en el bienestar de nuestras futuras generaciones.